EL CGPJ PIDE AL GOBIERNO QUE REFORME LA RECUSACION A JUECES Y MAGISTRADOS
- Quieren que sea un órgano colegiado quiendecida
- Solicitan un incremento en las multas a quienes utilizan fraudulentamente el incidente de recusación
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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy por unanimidad una propuesta en la que pide al Gobierno y al Parlamento que reformen las leyes que ahora regulan las recusaciones y abstenciones de jueces y magistrados para que sea un órgano colegiado quien decida sobre éstas.
En el informe, elaborado por la comisión de Estudios del CGPJ y delque fue ponente la vocal de este organismo Angeles Huet de Sande, el máximo órgano de los jueces hace un recorrido por la normativa que actualmente controla estas situaciones y llega a la conclusión de que ésta es insuficiente e incluso deficiente.
Se trata de evitar el aluvión de recusaciones y abstenciones de jueces que ha tenido lugar en las últimas fechas, algunos casos en la Audiencia Nacional, con especial repercusión en la opinión pública. Por ello, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo Javier Delgado, anunció el pasado día 14 que se estudiaría la posibilidad de modificar la actual situación normativa que calificó de "deficiente".
El máximo organo de los jueces destaca la figura de la recusación como "una proyección constitucional en el fundamental derecho a un juez imparcial", y por ello aconseja que la decisión final sobre esta prerrogativa que se concede a los usuarios de la justicia sea tomada por un órgano colegiado.
"No hay duda que la colegiación y la reflexión compartid que ésta comporta es garantía de mayor acierto que el juicio individual", apunta el informe de CGPJ, que insiste en que la asunción de estas decisiones por un juez o un magistrado único podría implicar "una contaminación no deseable para la autonomía e independencia del juicio que debe suponer cualquier resolución".
USO ABUSIVO
El Poder Judicial apunta que la regulación vigente no pone suficientes trabas al uso frecuente y "en algunos caso abusivo" del incidente de recusación como instrumento para ilatar la tramitación y resolución de procedimientos, con el menoscabo que esto supone para el derecho a un procedimiento sin dilaciones.
En este sentido, se consideran "manifiestamente insufientes" las 100.000 pesetas de multa que fija la ley para los casos en los que se prueba la mala fe procesal del recusante y pide que se incremente el importe de estas multas.
Finalmente el escrito aprobado hoy insiste también en que sean sancionados disciplinariamente los jueces que continúen conociendo de u asunto una vez que ha sido planteado "con fundamento", el correspondiente incidente de recusación.
(SERVIMEDIA)
10 Dic 1997
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