Algunos jueces del País Vasco se quejaron ante el Poder Judicial de la posición extrema de los abogados y pidieron que, como máximo órgano de control y defensa de los magistrados, se imlicara "de forma activa y decidida" en defensa de los mismos, máxime cuando los abogados vulneran la normativa vigente, que no exige a los jueces conocer otra lengua que no sea el castellano.

El Poder Judicial decidió entonces conocer el problema más de cerca y convocó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, a la decana de los jueces de San Sebastián y a una representación de magistrados de esa capital -la más afectada por a posición de los letrados-, para buscar soluciones.

Además, Javier Delgado, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, viajará próximamente al País Vasco, donde se reunirá con representantes del Consejo General de la Abogacía Vasca, con quienes tratará éste y otros problemas que afectan a la Admnistración de la Justicia en Euskadi.

Por otra parte, el Poder Judicial niega que vaya a reunirse con representantes del Sindicato de Abogados Euskaldunes, principales causantes de la radicalización del roblema, en contra de las informaciones que apuntaban encuentros entre el vocal del CGPJ Emilio Olabarría y los letrados causantes del conflicto.

De hecho, el propio Olabarría, vocal del Poder Judicial encargado de las relaciones con la Administración de Justicia del País Vasco, ha subrayado que "el problema de fondo es la normalización lingüística en la Administración de la Justicia", y ha insistido en que de estas reuniones debe salir "la filosofía y los principios que han de regir la cooficialidad e las diferentes lenguas en las comunidades autónomas que así lo precisen".