Esta reunión suge tras la polémica desatada en el País Vasco, donde algunos letrados se niegan a asistir a juicios en los que tenga que estar presente un intérprete, actuación contraria a lo establecido por la ley vigente.

"Hay que solucionar el problema del fondo de la normalización lingüística en la Administración de Justicia", dijo Olabarría, quien aseguró que se tratará de avanzar en el camino de "ordenar la filosofía y los principios" que han de regir la cooficialidad de las diferentes lenguas en las comunidade autónomas que así lo precisen.

Concretamente, sobre las protestas de los jueces vascos que apelaron al Poder Judicial por la presiones del Sindicato de Abogados Euskaldunes, Olabarría señaló que sus quejas son "razonables" y que la actitud del CGPJ en muchas ocasiones puede haberles hecho sentir "perturbados en su independiencia".

Confió en que en el País Vasco se llegue a una extensión del euskera de una forma "razonable y eficaz" dentro de la Administración de Justicia y puntualizó que "esto n será en un plazo inmediato", si bien se mostró espranzado en alcanzar lo que denominó como "bilingüismo eficaz", o lo que es lo mismo, la correcta convivencia de el español y el euskera.

Finalmente, pidió que se deje trabajar a una comisión mixta compuesta por representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía y de las organizaciones de abogados, entre otros. "Confío en que nos dejen trabajar para alcanzar el consenso, que es lo más importante en este caso", puntualizó.