El acuerdo, firmado en mayo pasado, tiene como objetivo final el acercamiento del juez a las personas afectadas por discapacidad, ya que "la integración plena en la realidad social de estas personas pasa también por un conocimiento de ese aspecto de la vida por parte de los jueces".

Este convenio significa el punto de prtida para que el sector de los discapacitados sea más conocido por el mundo de la judicatura.

El acuerdo prevé arbitrar un primer foro de estudio a través de la constitución de un grupo de expertos, encargados de diseñar un programa de actuación conjunta que permita abarcar los objetivos señalados.

Asimismo, la Fundación ONCE se compromete a facilitar a los jueces y magistrados aquella documentación de que disponga sobre las minusvalías y "que pueda ser de utilidad para el ejercicio de la funció jurisdiccional".

El convenio se irá consolidando con el desarrollo de acuerdos que permitan organizar seminarios, cursos o encuentros que sirvan para informar a los jueces de las dificultades, posibilidades y circunstancias del mundo de los discapacitados.