La justicia le ha dado diez días para ingresar en prisión. Este proceso conlleva la pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

La condena fue dictada el 10 de septiembre de 2019 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y confirmada el 25 de noviembre de 2021 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el pasado 30 de diciembre remitió copia testimoniada de su resolución al CGPJ.

El artículo 379.1 LOPJ establece que la condición de jueces o magistrados se perderá, entre otras causas, “por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso”, por lo que la Permanente ha considerado procedente iniciar expediente de pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba, que se encuentra en la situación administrativa de suspensión provisional de funciones desde el 19 de julio de 2018 por acuerdo de la misma Comisión, como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado contra él.

Tal y como dispone la LOPJ, del acuerdo se dará traslado al Ministerio Fiscal y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a fin de que emitan informe, y al interesado para que alegue lo que a su derecho convenga.