La candidatura de Hernández, todavía vocal del CGPJ hasta que este próximo viernes el Consejo de Ministros apruebe su nombramiento como fiscal general, suscitó la controversia en el seno de este organismo, ya que algunos vocales consideraron que no cumplía los 15 años de ejercicio efectivo en la carrera judicial requeridos en el artículo 29.1 del estauto del ministerio fiscal. El que será nuevo fiscal ingresó en la carrera judical en 1976, pero pasó casi siete años al frente de la delegación del Gobierno en Canarias, periodo que no se puede computar, según los vocales del PP que votaron hoy en contra de su candidatura, como años efectivos de servicio como jurista.

Seis de los siete vocales propuestos por el PP en el Consejo (José Luis Manzanres, Julio Padilla, Margarita Mariscal, Antonio Marín, José Antonio Zarzalejos y Andrés de la Oliva) emitieron un voto particular cotrario a la elección de Eligio Hernández, mientras que el séptimo, Antonio Bruguera, se abstuvo.

El resto de los consejeros, a excepción de Wenceslao Díez (CiU) y María Teresa Fernández de Vega) que no asitieron al pleno, concluyeron, no obstante, que el cargo político ocupado por el candidato "no le privaba de su condición de jurista, condición adquirida con anterioridad a su nombramiento como delegado", según palabras del presidente del CGPJ, Pascual Sala.

Sala, que dijo haber emitido un voto fvorable "porque tengo la convicción absoluta de que es el candidato idóneo", ponderó que el que se hubieran producido seis votos contrarios "no empañan sus facultades o idoneidad porque no son esos votos particulares los que cuentan, sino la opinión conjunta favorable del Consejo".

De esa forma, precisó que el la comunicación que se hará al Gobierno sobre el informe del CGPJ se limitará a exponer el resultado global de la votación, sin especificar el sentido de los votos concretos.

CESE VOLUNTARIO El pleno rechazó con anterioridad una propuesta de los vocales del PP que, como cuestión previa al informe sobre el candidato a la Fiscalía, plantearon la necesidad de redactar asimismo un documento valorando el cese de Leopoldo Torres.

Según los consejeros, el Gobierno había actuado de forma irregular al decidir la destitución del fiscal sin que el Consejo emitiera el informe correspondeinte, previsto en el estatuto del ministerio fiscal.

Sin embargo, 14 de los 18 vocales presentes estimaron ue no hubo infracción desde el momento en que el cese respondió a una inciativa particular del anterior fiscal general, que presentó su dimisión.

Pascual Sala, que manifestó haber leido el informe del Consejo Fiscal que originó el conflicto entre la Fiscalía y el Gobierno y "forzó" la dimisión de Torres, desechó esta última idea por entender que ni siquiera existió la confrontación, porque las cuestiones planeadas en el estudio "no abordaban cuestiones esenciales para el funcionamiento del organismo". Sala se refirió también a las declaraciones de Andrés de la Oliva a una revista, poco después de que se planteara la posibilidad de modificar el reglamento del CGPJ para otorgar mayores poderes a su presidente, asegurando que los vocales propuestos por el PSOE reciben instrucciones directas del partido.

El presidente del Consejo estimó que estas valoraciones respondían a una confusión, ya que personalmente se sentía "a gusto con la actual reglamentación, con la que me sobran facultades".

Se ostró defensor de la política de consenso por la que se rige el CGPJ "que no es precisamente homologable con una política de imposición de disciplina".

Además, comentó que era "negativo y destructivo trasladar al seno del Consejo tensiones políticas, legítimas, pero que tienen que estar extramuros de este organismo", al tiempo que manifestó que todos los vocales del Consejo querían evitar la politización del CGPJ.