El acuerdo gubernativo contemplaba también varias medidas dirigidas a garantizar el derecho a la información y la seguridad en la sede judicial de la madrileña Plaza de Castilla con motivo de la declaración en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de Begoña Gómez.

Los vocales conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart votaron en contra del acuerdo al considerar que, en lo relativo al punto quinto del acuerdo gubernativo, debía haberse considerado legitimados a ambos para recurrir, y a continuación resolver sobre el fondo y desestimar su recurso.

En ese punto se establecía la obligación para los abogados, procuradores y particulares que desearan acceder a la planta en la que iba a tener lugar la declaración de acreditar ante el personal de seguridad o la Policía que estaban citados para la realización de una actuación procesal en los Juzgados allí ubicados.

Respecto del resto de los puntos del acuerdo gubernativo, estos tres vocales comparten el argumento de la falta de legitimación.