Asimismo, la Comisión Permanente ha designado al magistrado y presidente del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, como vocal de procedencia judicial de la Junta Electoral Central en sustitución de la magistrada María Luisa Segoviano, que ahora es miembro del Tribunal Constitucional. La designación se ha realizado por el procedimiento de insaculación.

La Sala de Gobierno del Supremo acordó este miércoles por unanimidad insistir al CGPJ para que inste al Congreso y al Senado “el imprescindible remedio inmediato” de la “situación insostenible” en que se encuentra el tribunal ante la imposibilidad legal de que se cubran las vacantes de magistrados, que actualmente son 19 de la plantilla legal de 79 (24%) y en los próximos meses de 2023 sumarán 24 vacantes de 79 plazas, lo que representará un 30,37%.

Los magistrados de la Sala de Gobierno adoptaron este acuerdo tras hacer suyo un informe del director del Gabinete Técnico del tribunal, pedido por el CGPJ, donde se concreta el impacto en la actividad de cada una de las cinco salas del tribunal derivada de la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales por parte del CGPJ, en este caso para cubrir las vacantes del alto tribunal.

La Sala de Gobierno considera necesario que el Parlamento establezca un “remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore”, ante la estimación de que en 2023 sólo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán en el año 2023 unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), “con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone”, y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al “colapso” de ambas salas.

De hecho, ante la “situación crítica” en que se encuentran actualmente las Salas IV (de lo Social), con cinco vacantes en una plantilla de 13; y III (de lo Contencioso-Administrativo), con 10 vacantes en una plantilla de 33, la Sala reclama en su acuerdo la dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico, ocho para la Sala III y siete para la IV, con retribución de letrado coordinador y para ser cubiertas preferentemente por magistrados.

El informe aprobado resume que, a fecha de este mes de enero, el Tribunal Supremo debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados, y se encuentra sin presidente titular y con un total de diecinueve vacantes de magistrados, distribuidas así entre sus salas: dos vacantes en la Sala Primera, diez en la Sala Tercera, cinco en la Sala Cuarta y dos en la Sala Quinta, lo que supone que el Tribunal ha de desarrollar su tarea con una plantilla inferior en un 24,05% a la legalmente prevista.

Y en los próximos meses de 2023 tendrán lugar cinco vacantes más por jubilación (una en la Sala Civil, una en la Sala de lo Penal, una en la Sala de lo Contencioso, una en la Sala de lo Social y otra en la Militar), es decir, 24 vacantes de 79 plazas, lo que hace un porcentaje de un 30,37% menos. Además, están vacantes (y ocupadas en funciones) las plazas de presidente y vicepresidente del tribunal, y las de presidentes de las salas III y IV.

Respecto a las peticiones de magistrados para el Gabinete Técnico, el informe subraya que apoyarían a las salas en las fases de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante, para elaborar bajo la supervisión de los ponentes los borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada.

Según destaca el informe, “con una situación de la que el TS no es en ningún caso causante, sino víctima directa, se hace necesario articular algún sistema que permita superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos, que confían en la Justicia y esperan la resolución de sus pretensiones sin dilaciones indebidas”.

En cuanto a la Sala I (de lo Civil), con dos vacantes de una plantilla de 10 magistrados, a las que se sumará otra más en el mes de marzo, el informe plantea la absoluta necesidad de prorrogar las medidas de refuerzo vigentes (cuatro letrados en Gabinete Técnico y cinco letrados coordinadores en fase de decisión).