En declaraciones a Servimedia, López se felicitó de que el Constitucional tenga que pronunciarse sobre esta ley a petición de la citada jueza, cuyas dudas sobre la legalidad de la norma aprobada por el Ejecutivo socialista considera "absolutamente coherentes".

Explicó que la Constitución no permite imponer penas mayores por mera razón de sexo, como hace la ley contra la violencia de género, que tipifica de distinto modo los malos tratos en función de si el agresor es hombre o mujer.

Recordó que tanto el CGPJ como el Consejo de Estado cumplieron su deber de elaborar informes sobre el proyecto aprobado por el Gobierno y tramitado posteriormente en el Parlamento, y los dos órganos consultivos expusieron las dudas de constitucionalidad que ahora plantea la magistrada.

"Cumplimos con nuestra obligación", prosiguió López, "y el Gobierno entendió que estaba en la razón para seguir adelante con la ley, pero para eso está el Tribunal Constitucional, y no hay que tener ningún miedo a su decisión".

Por ello, el portavoz del Consejo consideró "positivo que el Tribunal Constitucional se pronuncie, bien sea para dar o quitar la razón" a quienes consideran que la ley quebranta principios de la Carta Magna.

No obstante, la decisión del Alto Tribunal acerca de la constitucionalidad o no de esta ley podría tardar uno o dos años en producirse, siempre que la cuestión sea admitida a trámite, algo que se producirá en un plazo aproximado de tres meses, después de que las partes emitan sus informes.