El escrito, firmado por los vocales Fernando Fernández, Carlos Ríos, Enrique López y Javier Laorden, propone "volver a solicitar del Ministerio de Justicia que provea mediante los mecanismos adecuados los recursos económicos suficientes para atender las peticiones que desde el Consejo General del Poder Judicial se realicen, así como las que sean necesarias para satisfacer las necesidades reales de nuestra Administración de Justicia".

En el texto también se dice que "el presupuesto en materia de Justicia aprobado por el Gobierno de la nación supone un claro incumplimiento de los compromisos que el partido que lo sustenta (el PSOE) estableció en su programa electoral".

Asimismo, señalan que "el partido hoy en el Gobierno y en aquel momento en la oposición denunció la insuficiencia de recursos económicos y el incumplimiento del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que preveía, entre otros aspectos, la dotación adicional de 250.000 millones de pesetas durante los ocho años de vigencia del mismo".

"La primera ocasión que ha tenido el Gobierno de demostrar sus intenciones ha sido una auténtica decepción", añade el texto, que insiste en que los Presupuestos del Estado para 2005 significan una "gran frustración para la Justicia".

Para los vocales firmantes de la propuesta que estudiará hoy el Pleno del CGPJ, "está claro que el Gobierno de la nación no ha generado la adecuada partida presupuestaria para atender las necesidades de refuerzo y actualización de los juzgados, lo cual va a repercutir negativamente en la resolución de asuntos, pudiendo aumentar la pendencia y los tiempos de respuesta".

RECHAZO DE LA MINORIA

Este documento ha tenido ya respuesta de la minoría progresista, concretamente de los vocales Fernando Salinas, Félix Pantoja, Monserrat Comas, Luis Aguiar, Javier Martínez Lázaro, María Angeles García, Alfons López Tena y Juan Carlos Campo, en un escrito en el que muestran su "más absoluto rechazo" al citado texto.

Para la minoría del CGPJ, el escrito presentado por vocales de la mayoría "solamente busca enfrentar al Consejo General del Poder Judicial con el Ministerio de Justicia desde una visión partidaria y olvidando que en el seno del Consejo se articulan instrumentos para avanzar en las discrepancias, sirviendo de ejemplo la propia Comisión Mixta Consejo-Ministerio".

En su escrito, la minoría se pregunta "desde cuándo es misión del Consejo General del Poder Judicial analizar el grado de cumplimiento de las propuestas electorales de los partidos políticos".

Asimismo, sostienen que iniciativas como la expresada ahora por la mayoría "suponen una degradación sin límite de este órgano (CGPJ) en cuanto confunde su auténtica función constitucional, el gobierno del Poder Judicial, con la de someter al Ministerio de Justicia y al Gobierno de la nación a un control político que sólo a las cámaras parlamentarias puede corresponder".