El anteproyecto se plantea como una solución inmediata y provisional, depués de que el pasado 14 de febrero el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el artículo 15 de la Ley Tutelar de Menores, vigente en España desde 1947.

Según este artículo, en los procesos a menores el juez tenía que jugar el doble papael de velar por los intereses del menor y, el mismo tiempo de sancionarle, sin que el Ministerio fiscal efectuase la labor de la acusación ni se permitiera la presencia del abogado defensor.

En el escrito publicado hoy, El Consejo discrepa, sin embargo con la idea de otorgar una inciativa plena al ministerio fiscal en las primeras averiguaciones sobre los hechos delictivos o en la adopción de medidas cautelares urgentes, suprimiendo las facultades de actuación de oficio del juez.

Asimismo, difiere en general en la estructura misma de las normas de procedimiento de los Juzgados de Menores que se incluye en el anteproyecto del Ministerio de Justicia, y propone una "línea más judicializada".

No obstante, el Consejo recalca la condición de provisinalidad de las modificaciones propuestas por Justicia e insiste en que la reforma requiere "una mayor meditación, pareciendo más adecuado posponerla a la elaboración de una verdadera Ley del menor".

Por otra parte, el pleno aprobó una relación de necesidades de la Administración de Justicia para 1992, que remitirá al Gobierno y que recogerá la memoria anual del Consejo.