Las mismas fuentes confirmaron a Servimedia que Javier Delgado, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo había acordado hoy incluír este asunto en el orden del día de mañana, a pesar de que en un principio no estaba previsto.

En caso de que el maximo órgano del Consejo aprecie indicios de prevaricación en la actuación de Liaño en su instrucción en el "caso Sogecable", inmediatamente, y de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, el asunto pasaría al fiscal general del Estdo, Jesús Cardenal, que se encargaría de la investigación de los supuestos hechos delictivos.

Por el contrario, si el pleno del CGPJ no aprecia indicios de delito, el asunto sería archivado, aunque cabe una tercera posibilidad: que el expediente al juez Gómez de Liaño se envíe al servicio de investigación del propio CGPJ para que profundice en las causas de la supuesta prevaricación.

POSIBLE INHABILITACION DE 12 A 24 MESES

La Sala de lo Penal de la Audiencia nacional ordenó el pasado 13 de mayoal juez Gómez de Liaño, instructor del "caso Sogecable", que levantara el secreto sobre las actuaciones en ese sumario al considerar que era ésta una medida "irrazonable, innecesaria, desproporcionada e inadecuada".

En una decisión sin precedentes conocidos, Gómez de Liaño decidió dirigirse al fiscal del "caso Sogecable", entonces Ignacio Gordillo, para preguntarle si los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional habían incurrido en delito o falta en su resolución.

Esa misma manña, Liaño levantó el secreto de sumario, pero no permitió tener acceso al mismo a los abogados defensores, ya que iban a cerrar el juzgado. Al día siguiente, cuando éstos fueron al juzgado para poder informarse sobre el sumario se encontraron que Liaño había vuelto a decretar el secreto.

El CGPJ encargó la tramitación del expediente contra Liaño al magistrado José Jiménez Villarejo, que preside la Sala Quinta del Tribunal Supremo. El magistrado dice en su informe sobre la cuestión que Liaño podría habr incurrido en un delito de prevaricación judicial al haber decretado nuevamente el secreto sumarial, después de una declaración en contra de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que le podría suponer una inhabilitación para el desempeño de cargo público de entre 12 y 24 meses.