En dicha información, el periodista Casimiro García Abadillo aseguraba que uno de los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo que participó en algunas deliberaciones sobr el "caso Sogecable", Enrique Bacigalupo, envió clientes al bufete "Asesores en Derecho", dirigido por el letrado Antonio González Cuéllar, en la actualidad abogado de Sogecable.

El artículo explicaba que este magistrado fue uno de los que admitió a trámite la querella presentada por los defensores de esta empresa, que ha costado el procesamiento y suspensión en funciones al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño.

En su escrito, Jiménez Villarejo acusa al periodista de manipular "tosamente medias verdades y abiertas falsedades" y de participar en una "planificada campaña orientada a desligitimar ante la opinión pública a un magistrado sin tacha".

Además, afirma que no pide el amparo del Poder Judicial únicamente para salvar el buen nombre del magistrado Enrique Bacigalupo, sino también para que quede clara la independencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que actualmente instruye el "caso Marey".