En concreto, es la Comisión Disciplinaria del CGPJ la que debe decidir si archiva la investigación, tal y como propone el informe elaborado al respecto por el Servicio de Inspección del máximo órgano de Gobierno de los jueces.

El informe del Servicio de Inspección propone a la Comisión Disciplinaria el archivo de las investigaciones al entender que las presuntas faltas disciplinarias que Garzón habría cometido con el citado cobro han prescrito.

"Se deduce que las faltas, de haberse incurrido en ellas, estarían prescritas, considerándose no obstante que Baltasar Garzón no ha cometido falta alguna", matiza el escrito en el apartado de conclusiones.

Las diligencias informativas fueron abiertas el pasado mes de marzo, después de que el Tribunal Supremo diese traslado al CGPJ del contenido de una querella presentada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra Garzón.

El 9 de marzo los magistrados del Tribunal Supremo decidieron archivar la querella por cohecho presentada por los dos abogados contra Garzón por estos cobros, pero remitieron el caso al CGPJ, al considerar que el asunto podría ser constitutivo de una infracción de carácter disciplinario.

Después de más de dos meses de investigación, el Servicio de Inspección ha concluido que la presunta vulneración de la Ley de Incompatibilidades por parte del magistrado Baltasar Garzón -al no haber comunicado los pagos recibidos de la Universidad de Nueva York durante su estancia Estados Unidos- habría prescrito.