El portavoz del CGPJ, Enrique López, señaló hoy que ante el citado informe, la Comisión Permanente ha decidido por unaminidad ordenar a la Comisión de Modernización el análisis de las medidas necesarias para, por un lado, mantener los actuales planes de refuerzo y, por otro, impulsar su ampliación a otros órganos judiciales.

López subrayó que estas medidas de refuerzo estarán dirigidas, principalmente, a los juzgados de ejecutorias de lo Penal de Madrid, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Barcelona y Palma de Mallorca, es decir, de aquellas ciudades donde, según el informe del Servicio de Inspección, el colapso es más grave.

Para poder llevar a la práctica esta ampliación del refuerzo de los juzgados de ejecutorias, el máximo órgano de gobierno de los jueces decidió dar traslado del estudio al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en esta materia, ya que son estas administraciones las que deberán aprobar las dotaciones económicas que acompañarán los planes de refuerzo.

López adelantó que entre estas nuevas medidas se estudiará la implementación de una herramienta informática específica para los juzgados de ejecutorias, un programa que deberá realizar un seguimiento integral de todas las sentencias en trámite.

PERSONAL INTERINO

El portavoz del CPGJ también hizo referencia a otro de los problemas subrayados en el informe del Servicio de Inspección, el elevado número de personal interino que trabaja en los juzgados, y en este sentido dijo que es necesario que en los órganos judiciales haya "más funcionarios profesionales".

Por esta razón, el Consejo decidió dar traslado de esta necesidad al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas, para que, de forma complementaria, se establezcan "actividades de formación" para aumentar la destreza del personal interino de los juzgados.

López quiso dejar claro que esta medida "no cuestiona" la labor de los interinos, algunos de los cuales "tienen un alto nivel de formación", pero dijo que "lo ideal" sería que todos los funcionarios de los juzgados fueran profesionales.

Por otro lado, y "habida cuenta la trascendencia mediática" del informe, López matizó que el término "pendiente de ejecución" no significa que las sentencias no se estén cumpliendo, sino que están en trámite.

El portavoz explicó que "muchas" de las sentencias que aparecen como pendientes de ejecución, debido a "su naturaleza específica" tienen un periodo de tramitación que "dura lo que dura la pena impuesta".

Aun así, admitió que, actualmente, la pendencia en las sentencias "está muy por encima de los niveles que serían deseables".

Por último, la Comisión Permanente del CGPJ decidió ordenar al Servicio de Inspección que estudie por qué el juez Eduardo Palop, titular del Juzgado de Ejecutorias número 2 de Madrid, no alcanzó en 2007 el 81% de los asuntos que le correspondía tramitar como mínimo, según reveló el informe.