Mientras tanto las vacantes en la cúpula judicial crecen por la imposibilidad de realizar nombramientos y alcanzan ya los 85 puestos clave en la judicatura. De ellos, 23 corresponden al Tribunal Supremo (TS), algunas de cuyas salas están ya al borde del colapso.

El propio Consejo está cada vez más mermado y ha pasado de 20 miembros a los 16 actuales, por las dimisiones y jubilaciones que se han producido en el último lustro. Su presidente provisional, el vocal Vicente Guilarte, ya anunció la pasada semana que va a hacer lo posible por acercar posturas entre el PSOE y el PP, cuyo acuerdo es imprescindible para la renovación.

Por el momento, no ha obtenido ningún avance y en un artículo publicado por 'El País' este sábado propone limitar aún más las facultades del CGPJ para que deje de ser atractivo desde el punto de vista de la influencia política. Así, propone que sean los propios jueces los que designen a los presidentes de las Audiencias Provinciales, a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y a los jueces de Sala.

La sensación es que las relaciones entre los dos grandes partidos están rotas y es poco probable que se retome el acuerdo alcanzado en 2018, que finalmente el PP dinamitó después de retrasar el pacto con diferentes argumentos, o que se suscriba uno nuevo.

Nada más ser nombrado, el nuevo ministro de Justicia hombre fuerte de Pedro Sánchez en el Gobierno, Félix Bolaños, se reunión con Guilarte, que coincidió con él en considerar urgente una renovación que el artículo 122 de la Constitución establece por mandatos de cinco años.

La renovación es un objetivo prioritario del Gobierno que ya ha recibido varias advertencias de las instituciones europeas. De hecho, el presidente Sánchez ya ha anunciado su intención de llamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que volverá a exigirle garantías de que tras la renovación se abordará una reforma legal para que sean los jueces los que se elijan a los vocales del CGPJ.

La situación es perversa y tiene difícil solución. Sobre la mesa han estado propuestas para modificar las mayorías necesarias para la renovación en las Cortes, pero es una fórmula que no gusta a Bruselas porque implica modificar las reglas del juego y también plantea inquietud en el PSOE que tendría que impulsar la reforma.

La dimisión de todos los vocales actuales también se ha manejado durante estos cinco años, pero los miembros progresistas del CGPJ no se fían de que los 10 conservadores cumplieran su compromiso en ese sentido, con lo que podrían seguir funcionando sin la presencia de ningún vocal progresista. Por otro lado, varios de los vocales consideran que no sería legal la dimisión y que sumiría en el caos a la Administración de Justicia.

Con una amplia mayoría en el actual Consejo, procedente de los nombramientos hechos cuanto gobernaba Mariano Rajoy, el sector conservador ha forzado en las últimas semanas decisiones inéditas para el CGPJ como la elaboración de un informe contrario a la ley de amnistía antes de que se conociera la redacción de la norma o la negativa a declarar idóneo a Álvaro García Ortiz, para el puesto de fiscal general del Estado.

Según los vocales progresistas, el CGPJ se han convertido en una última instancia para hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y emendar la plana al Legislativo, por lo que tienen escasas esperanzas de que el PP se avenga a alcanzar un acuerdo.