En rueda de prensa tras la celebración del Pleno del Consejo, Bravo quiso dejar claro que, en cuestiones disciplinarias, la ideología de los vocales del CGPJ "no son un obstáculo ni una influencia" para que las decisiones se adopten "conforme al principio de legalidad".

"Somos 20 vocales y un presidende, el Consejo empieza de nuevo y en esta nueva etapa no se va actuar por bloques ni por ataduras políticas", aseguró la portavoz.

Sobre las supuestas "presiones" del Gobierno en lo referente al expediente al juez Tirado, Bravo quiso dejar claro que el Consejo "respeta el derecho a la libertad de expresión de cualquier ciudadano" independientemente "del cargo que ocupe".

En este sentido, aseguró que para el CGPJ, las declaraciones políticas que se han vertido en los últimos días sobre el "caso Mari Luz", no se han realizado "con la voluntad de interferir en nuestras funciones" pero subrayó que algunas de ellas "confuden al ciudadano", y estos "pierden confianza" con respecto al Poder Judicial.

Además, la vocal portavoz dio lectura a un comunicado oficial acordado por unanimidad de todos los miembros del Consejo, en el que el CGPJ quiso hacer patente "su total compromiso en la defensa de la independecia del Poder Judicial" y su "plena confianza" en la labor de los jueces "para impartir justicia con la eficacia y eficiencia que la sociedad demanda".

"El CGPJ rechaza rotundamente que las posiciones ideológicas personales de cada uno puedan servir de base para la adopción de sus decisiones", decía el comunicado, y continuaba afirmando que los nuevos miembros del Consejo "resolverán siempre con absoluta independencia y responsabilidad".

Las decisiones del nuevo Consejo se adoptarán "ajenas a cualquier tipo de manifestaciones, cualquiera sea su procedencia". El comunicado cerraba con un llamamiento "al mantenimiento de un clima de serenidad, confianza y respeto a la instituciones".

Por último, quiso trasladar a la sociedad "la verdad" sobre el expediente disciplinario al juez Tirado y señaló que los vocales aún no han decidido su voto en este asunto porque ni el Consejo ni el ponente de la causa han tenido todavía acceso al contenido del citado expediente, que debe revisar la sanción de 1.500 euros impuesta en un primer momento al magistrado de Sevilla.