Rafael Sarazá Padilla, ponente del informe, alega que el anteproyecto de ley resulta incompleto porque "tendría que ir acompañado de un estudio económico, previo de un informe sociológico, en el que se hubieran calculado adecuadamente las necesidades capaces de garantizar la disponibilidad de todos los medios necesarios".

El CGPJ asegura que la regulación proyectada "requerirá ineludiblemente un importante esfuerzo invesor en materia de infraestructura y medios materiales y personales, cuyo coste no aparece reflejado en el anteproyecto".

Por otro lado, el CGPJ critica la orientación "penalista" del anteproyecto, que "queda claramente de manifiesto puesto que utiliza el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal como normas supletorias" e incluso "se aprecian detalles significativos como los de utilizar el término castigo".

La institución judicial subraya que "una reforma verdadera de la legislación penal e menores debería haber enfocado la 'Justicia de los Menores' como algo diferente de la justicia penal de los mayores".

En una orientación adecuada de la Ley, continúa el informe del CGPJ, "la gravedad del hecho cometido no tendría que ser determinante de una sanción más grave, sino de la aplicación de medidas ejecutivas más intensas a una persona que muestra una mayor vulnerabilidad frente a las exigencias de la socialización".

En este sentido, este organismo considera que el anteproyecto sometio a informe "produce la impresión de que se está en presencia de una Ley de acompañamiento a la legislación penal de mayores", en la que aparecen además "técnicas de legislación penal de mayores de constitucionalidad más que dudosa o que están sometidas a una intensa controversia doctrinal y jurisprudencial".

El punto que suscita más reparos es la posible sanción denominada "pena juvenil", por la que un joven puede ser internado en un centro cerrado por un tiempo que puede llegar hasta los diez años. l CGPJ considera que se provoca aquí una "contradicción insalvable", puesto que en otro punto del anteproyecto se recoge que "el sometimiento del menor a estas sanciones es contraproducente".

El CGPJ califica de "artificiosa" la distinción entre penas y medidas educativas o disciplinarias, a la vez que en el cambio del concepto "amonestación" por el de "represión" no ve sino "una trascendencia poco más que semántica que no parece adecuada al quedar reforzado el carácter sancionador".

Finalmente, l Poder Judicial hace hincapié en las "medidas necesarias para preservar la identidad del menor" cuando "se aprecie un peligro grave para su persona, libertad o bienes, o para las personas de su entorno familiar".