Con el respaldo de sus 18 vocales, el CGPJ aprobó un texto en el que señala que los dirigentes políticos gozan de la misma libertad que el resto de los ciudadanos para citicar las decisiones judiciales, pero considera que "deben observar una prudencia ejemplar, promoviendo una actitud generalizada de respeto a la Justicia como pieza esencial del Estado de derecho".

Sin mencionar a ningún político concreto, el texto se refiere al comentario que hizo el pasado sábado Felipe González, en el que, al hilo de la actuación del juez Barbero en el "caso Filesa", afirmó que hay una crisis bastante generalizada "que sucede en muchos casos, en los que la presunción de inocencia rácticamente desaparece".

El texto también alude a las declaraciones del presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en las que dijo que "si a algunos jueces se les preguntara si han pagado sus créditos bancarios, algunos no estarían ahora investigando cuentas corrientes".

La declaración aprobada hoy por el CGPJ consta de cuatro puntos, precedidos de una exposición de motivos en la que se recuerda la declaración que el máximo órgano de la judicatura aprobó en octubre de 1991, cuando salióen defensa de los jueces que habían recibido duras críticas del ministro del Interior, José Luis Corcuera.

Ahora, afirma el texto aprobado hoy, "el CGPJ considera necesario dirigirse nuevamente a la opinión pública, no sin antes precisar que se equivocarían quienes interpretasen esta declaración como intervención del Consejo General del Poder Judicial en la pugna política o como un enfrentamiento institucional con el Gobierno o sus miembros".

El último punto es el que hace una declaración más expesa en favor del juez Marino Barbero: "El Consejo General del Poder Judicial no puede juzgar y no juzga, en ningún sentido, actuaciones judiciales determinadas. Pero sí debe defender que cualquier juez o magistrado ejerza sus funciones en un clima de serenidad y de respeto hacia su ámbito estrictamente personal".

En el primer punto de la declaración se señala que la función de los jueces y magistrados es la establecida en la Constitución y "de ahí deriva una clara y rotunda legitimidad democrática, qu no debe ser cuestionada por ningún motivo".

"Nuestro sistema jurídico-político de independencia y de responsabilidad de los jueces es esencialmente idéntico al de los países democráticos europeos y occidentales. Que pueda ser susceptible de mejora no debe arrojar sobre la Judicatura ninguna sospecha de arbitrariedad o irresponsabilidad", afirma el segundo punto.

La declaración subraya en otro de sus apartados la necesidad de que los "dirigentes sociales y políticos" tengan una "prudencia ejempla" a la hora de pronunciarse sobre las actuaciones de la Justicia.

El presidente del CGPJ, Pascual Sala, que informó en rueda de prensa sobre el contenido de la declaración, calificó el texto de "contundente". Asimismo, resaltó el hecho de que haya sido aprobada por unanimidad de todos los vocales del Consejo.

Sala explicó que este documento tiene como una de sus finalidades primordiales "evitar que en una fase preelectoral como esta, se produzcan situaciones en las que el Consejo General del Pode Judicial tenga que pronunciarse en cada caso".