El nuevo informe es muy crítico con el texto del Ejecutivo que contempla medidas de intervención para contener el aumento de precios del mercado del alquiler en las denominadas 'zonas tensionadas' por entender que esas limitaciones pueden causar inseguridad jurídica al invadir competencias de las comunidades autónomas.

Sobre la contención de precios, critica su alcance limitado y lo "farragoso" de las normas propuestas, añadiendo que, "nacido para combatir los efectos de la pandemia, su mantenimiento cuando haya decaído esta, quizás no resulte adecuada".

Los ponentes aseguran, además, que el coste patrimonial que implican las disposiciones finales del anteproyecto recaen sobre las espaldas de los arrendadores privados, que no serán “suficientemente compensados con los incentivos fiscales" previstos por las Administraciones Públicas.

Considera el informe que la "expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí".