En una nota que hizo pública hoy, el Consejo "lamenta las declaraciones efectuadas ayer, lunes, por el ministro del Interior, José Luis Corcuera, quien al referirse a la actitud de ciertos jueces en esta materia comentó textualmente que "los experimentos, en casa y con gaseosas"

El CGPJ considera que las palabras del ministro carecen "de la prudencia y serenidad con que deben de pronunciarse todos los responsables políticos", tal y como solicitó el pleno de ese organismo la semana pasada ante los ataques de varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el ropio presidente, Felipe González, contra el instructor del "caso Filesa", Marino Barbero.

"En unos momentos de especial sensibilidad de la ciudadanía", agrega la nota, "el intento de desplazar supuestas responsabilidades hacia el poder judicial no contribuye en modo alguno a la necesaria reflexión que debe presidir cualquier valoración u opinión sobre el ordenamiento penitenciario y sobre la actuación en el ejercicio de sus funciones constitucionales de los jueces de vigilancia, pieza clave de todo e sistema penitenciario español".

El Consejo General del Poder Judicial también subraya la necesidad de precisar ante la opinión pública que el permiso de salida de seis días otorgado a Antonio Anglés, presunto asesino de las niñas de Alcásser, lo concedió la Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario de Valencia, "dependiente del Ministerio de Justicia".

Asimismo, recuerda que el permiso contó con el informe favorable del Equipo de Tratamiento Penitenciario, por lo que la autorizaión del juez de vigilancia respetó lo establecido en la legislación vigente.

ESTADO POLICIACO

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) difundió hoy un comunicado en el que indica que los sucesos de Alcásser no deben ser utilizados para introducir reformas legislativas que supongan un retroceso de los "avances democráticos conseguidos en materia penal y penitenciaria".

"En este sentido", dicen, "limitar la intervención judicial en el control de la ejecución de las penas o instrumentaizar al Ministerio Fiscal como brazo jurídico de la Administración, sea penitenciaria o de cualquier otra naturaleza, supondría una limitación de los necesarios controles constitucionales insustituibles en un Estado de Derecho".

Además, la UPF entiende que nadie debe aprovechar estos sucesos para formular descalificaciones globales hacia terceras personas o instituciones, al tiempo que afirma que no son admisibles "tesis tan demagógicas como oportunistas que no hacen sino reforar la idea de un Estado oliciaco y promover auténticas cazas de brujas".