En julio de 2005, por ejemplo, el Estado canalizó hacia Ceuta 95 euros por persona en prestaciones sociales y otros 92,3 hacia Melilla, cuando la media española se situaba en 141 euros y había comunidades que alcanzaban los 223 euros (Asturias), 187 euros (País Vasco), 164 euros (Cantabria) o 159 euros (Cataluña).

Estas cantidades son las transferidas mediante las grandes rúbricas de la protección social del Estado: pensiones (contributivas y no contributivas), prestaciones por desempleo, ayudas familiares por hijo a cargo, y prestaciones a personas con minusvalías.

Salvo en el caso de las prestaciones asistenciales, que representan una parte pequeña del total, los importes transferidos por esas prestaciones no siguen ningún criterio regional, sino que se calculan en función de los historiales de cotización y de salarios de los beneficiarios.

En consecuencia, las diferencias no responden a ninguna discriminación legal o política, y deben ser consecuencia de menores tasas de empleo y menores niveles salariales en las ciudades norteafricanas. Ceuta, por ejemplo, registró el año pasado la mayor tasa de desempleo de España, con el 17,58%, el doble de la media nacional.

Los datos de la Seguridad Social muestran que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene el menor porcentaje de población beneficiaria de prestaciones sociales del Estado, con un 15,78% del total. La media nacional supera el 23% y el máximo se da en Asturias, con más de un 30% de población protegida.