Jáuregui hizo estas manifestaciones antes de inaugurar una jornada de trabajosobre política autonómica, a la que asistieron más de un centener de diputados autonómicos socialistas.

El PSOE comparte el "objetivo de que se imponga algún tipo de control por parte del Gobierno" a los "desmanes urbanísticos de ese consorcio de intereses que es el GIL", pero siempre con arreglo a la legalidad.

Según el PSOE, el instrumento elegido por el Ejecutivo para ejercer ese control "no es legal" porque una ley orgánica como es el Estatuto de Autonomía de las ciudades de Ceuta y Melilla n puede ser modificada por una norma de rango inferior como es la Ley de Acompañamiento.

"Eso no es jurídicamente posible", dijo Jáuregui, quien pidió al Gobierno que "consulte con el PSOE para tratar de encontrar conjuntamente las modificaciones normativas precisas que, en todo caso, "serán más complejas" que la prevista por el Ejecutivo.