El sindicato entiende que algunos artículos del decreto son inconstitucionales, dado que legislan una materia reservada al Parlamento.

Según la CESM, el artículo 149.1 de la Constitución reserva al Parlamento español, y no al Consejo de Ministros, las competencias exclusivas de las bases de régimen jrídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatuario de sus empleados.

Esta organización sindical lamenta, en un comunicado hecho público hoy, que la aprobación de este decreto se haya visto favorecida por el apoyo prestado por los sindicatos CCOO y CSIF, al firmar con la Administración el acuerdo de 17 de julio de 1990.

En opinión del sindicato, la intención del Ministerio de Sanidad y Consumo al aprobar esta norma es obligar a la CESM a repetir la huelga que convocó el año pasado, qe paralizó durante varios días la sanidad pública.