No obstante, Fungairiño admite la posibilidad de que se pueda continuar la investigación judicial individualmente a los 138 casos de supuesto fraude fiscal cometido en las citadas cesiones.

n un escrito hecho público hoy, pide que "se deje sin efecto" el último auto de la juez Teresa Palacios -instructora del caso-, que considera imputados-responsables del asunto de las cesiones a la cúpula del Banco Santander, entre ellos Emilio Botín, y solicita que "se decrete el sobreseimiento provisional y consiguiente archivo de las actuaciones".

Sin embargo, el Ministerio Público considera que, sin perjuicio de que se archive la causa, se puede "desglosar" los casos de las 138 cesiones de crédito upuestamente delictivas y "remitirlas a los juzgados de instrucción competentes por razón del lugar de la comisión de las respectivas defraudaciones tributarias presuntamente cometidas".

Para fundamentar este recurso, Fungairiño explica que las sucesivas propuestas de sobreseimiento que ha planteado la Fiscalía a lo largo de la instruccióin se basaban en que los presuntos delitos objeto de investigación son "separados, cometidos individualmente, sin conexión alguna de los clientes con los directivos iualmente imputados, sin relación de unos clientes con otros y sin acuerdo previo entre ellos".

El segundo motivo por el que se solicita el cierre de la causa es, a su juicio, la inexistencia de indicios de comisión de delito que se atribuye a los responsables del Banco Santander.

Fungairiño no entiende cómo la juez Teresa Palacios establece la relación entre los clientes y los directivos de esta entidad financiera sin hacer referencia a los directores de las sucursales.

A su juicio, son esto (los responsables de las sucursales) los que, "necesariamente", tuvieron contacto directo con las personas a las que se les atribuyen los 138 delitos de defraudación tributaria.

SERIAS DUDAS

Así, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional señala tener "serias dudas" acerca de la solidez de la inculpación de los dirigentes del Banco Santander. De esta forma, Fungairiño asegura que la juez Palacios "confunde las meras sospechas con los indicios".

"En forma alguna se esboza siquiera cuándo, cómo, enqué circunstancias, con qué diseño, dónde los directivos del Banco reunieron y acordaron contribuir de forma necesaria a la perpetración de las defraudaciones fiscales, cómo se pusieron de acuerdo -directa y personalmente- con los presuntos defraudadores; qué dominio del acto delictivo tuvieron y qué bienes escasos administraron", subraya el fiscal jefe.

No obstante, reconoce que las cesiones de crédito son un producto financiero para depositar dinero en el banco sin tener que declarar los rendimiento, y destinado a la opacidad fiscal.

Sin embargo, los incrementos de patrimonio no declarados por los depositantes ya habían sido ocultados por dichos clientes antes de ser depositados en el banco, "por lo que el depósito mismo no añadía ni quitaba nada a la posible defraudación acaso ya cometida por el cliente", explica.

En conclusión, para Fungairiño, la actuación del Banco Santander fue siempre posterior a la actividad de ocultación de los incrementos de patrimonio en que coinsiste el presunto elito del que habla la juez Palacios.