El fiscal había presentado un escrito para que la juez dictase el sobreseimiento del caso, por considerar que no hay delito en la operación de "cesiones de crédito" del Banco Santander.

Fungairiño argumentaba en su escrito que "no es posible atribuir" a los directivos y empleados del banco la autoría de un delito de defraudación tributaria, ni de falsedad instrumental ni de encubridores.

La juez Palacios invstiga los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude contra la Hacienda Pública cometidos por el Banco de Santander y más de 200 clientes en los años 1988 y 1989.

Según la juez, las cesiones cambiaron de nombre en varias ocasiones y esto tuvo repercusión fiscal "pues la Hacienda pública llamó a personas que desconocían el aparecer nominadas, y sin haber entrado tampoco en contacto con los suscriptores".