El proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en los apartados 17 y 18 de la disposición final cuarta, plantea modificar los artículos 187 y 187 bis del Código Penal, para recuperar la tercería locativa, eliminada en 1995, al estipular que "quien con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, o cualquier otro espacio, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, incluso con su consentimiento", será "castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura" del local.

Cesida considera que la recuperación de esta normativa "no solo va en contra del espíritu de la norma", sino que contribuye a "reforzar el estigma de la prostitución y a dificultar la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada". Por otra parte, el hecho de incluirla en esta ley orgánica invisibiliza la realidad de la prostitución masculina que, pese no estar asociada a la trata, se podría ver afectada por la reforma.

También explica que si finalmente se lleva a cabo la reforma del Código Penal sobre la tercería locativa, esta reforma puede considerarse como "una barrera de acceso a la vivienda" para las personas que ejercen la prostitución en sus casas y augura que la prostitución volvería a los parques y espacios públicos.

Por todo esto la coordinadora solicita que se tengan en cuenta las enmiendas presentadas por ERC, EH Bildu, JxCat y la CUP para que se retire la tercería locativa del articulado de la Ley Orgánica y pide "un debate profundo sobre la prostitución en el que se tenga en cuenta el impacto que las futuras reformas puedan tener en la salud sexual y la criminalización de las poblaciones vulnerables".