En este sentido, el Tribunal Militar entral notificó hoy al abogado de Perote, Jesús Santaella, una providencia en la que señala que si la defensa reproduce la petición (de suspensión) al comienzo del juicio oral, "en ese momento ya se decidirá por el tribunal lo que haya lugar", según explicó el letrado.

Santaella agregó que, a su juicio, a la vista de lo previsto en la ley y de la doctrina sentada en esa materia por el Tribunal Constitucional "el proceso penal debe quedar en suspenso, pero tenemos que esperar hasta el lunes".

El cronel Perote basó su recurso en que el acuerdo del Consejo de Ministros, y por tanto la clasificación como secretos de los documentos de cuya apropiación está acusado, carece de validez dado que nunca fue publicado en el BOE, requisito necesario para que entre en vigor, y además fue adoptado con infracción de lo establecido en la Ley de Secretos Oficiales y en la legislación administrativa.

Durante la vista, Perote se enfrentará a la petición del fiscal militar de 10 años de cárcel como autor de un deito consumado de revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad o defensa nacional en su modalidad de procurarse información legalmente clasificada.

El fiscal señala en su escrito de calificación provisional que con anterioridad a su cese en el CESID, en noviembre de 1991, Perote, burlando los controles de seguridad y abusando de su graduación, "extrajo del centro las microfichas", que cifra en 1.245, "y las mantuvo en su poder por un tiempo no inferior a dos meses, obteniendo reprodución o copia de algunas de ellas y pudiendo haber efectuado incluso alteración o manipulación de su contenido".

Agrega que algunos de los documentows contenidos en las microfichas, "tras haber sufrido distintas alteraciones y manipulaciones, han sido objeto de reproducción parcial por algún medio de comunicación escrita, en concreto por el diario El Mundo", lo que motivó la presentación de la querella contra Perote por parte del antiguo responsable del CESID, Emilio Alonso Manglano.

Por su parte,la defensa de Perote alega en su escrito de conclusiones provisionales que no está acreditado en el sumario que el militar se haya apropiado de los documentos del CESID ni que éstos afecten a la seguridad y defensa nacional.

Justifica esto último en la nulidad en que, a su juicio, incurre el acuerdo del Consejo de Ministros que clasificó como secreta la estructura y organización del CESID, así como en la nulidad, asímismo, de un informe secreto remitido a la causa por el ex director general del centroFélix Miranda, en el que aseguraba que las notas de despacho "constituyen en su conjunto información legalmente clasificada".

La defensa considera que este último informe es nulo, dado que el Consejo de Ministros no autorizó a remitirlo al sumario, como recientemente ha certificado el Gobierno, y por tanto vulnera lo establecido en la Ley de Secretos Oficiales y en la sentencia dictada en diciembre de 1995 por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que señaló que la clasificación y desclasificació de materias secretas corresponde exclusivamente al Ejecutivo.

Durante el juicio, del que todavía se desconoce si será público, a pesar de que el abogado de Perote así lo ha solicitado, declararán como testigos los tres últimos responsables del CESID, Manglano, Miranda y el director actual, el general Javier Calderón.

Asímismo, entre los 27 testigos admitidos, también comparecerán el director del diario "El Mundo", Pedro J. Ramírez, y dos redactores de este diario que firmaron las informaciones sbre los documentos del CESID.