Sala y Ruiz-Jarabo fueron recusados por el abogado Iñigo Iruin, que ejerce la acusación particular en el 'caso Lasa y Zabala' y en el 'caso Lucía Urigoitia, cuyo instructores solicitaron al Ejecutivo la desclasificación de varios documentos de los servicios de inteligencia.

Iruín recusó incialmente a Pascual Sala por consierar que podría estar "contaminado" para resolver los recursos que presentó contra la no desclasificación de los documentos dado que había formado parte, como presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que el 14 de diciembre del pasado año estableció que el Gobierno es el único competente para clasificar materia reservada.

Tras la presentación de esta recusación, la Sala Tercera acordó nombrar al magistrado José María Ruiz-Jarabo como instructor del incidente planteadocontra Sala. Sin embargo, Iruín presentó poco después otra recusación contra áquel alegando los mismos motivos que contra el que fuera presidente del Tribunal Supremo.

Sin embargo, el pleno de la Sala Tercera ha estimado que no existe causa legal para que Sala y Ruiz-Jarabo no participen en las deliberaciones sobre los documentos del CESID, siguiendo de este modo el criterio de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que el pasado 27 de octubre rechazó las abstenciones que presentaron ambos magistraos.

La Sala de Gobierno estimó que dicho tribunal se limitó a establecer que el Ejecutivo era competente para clasificar materia reservada, sin entrar en el fondo de los documentos del CESID, que es lo que deberá resolver la Sala Tercera.

Tras la resolución de las recusaciones, el pleno de la Sala Tercera deberá volver a reunirse para resolver sobre las pruebas solicitadas por las partes personadas en los recursos contra la decisión del Gobierno.

Entre otras cuestiones, los magistrados debern decidir si procede, tal como sostiene la Fiscalía, plantear al Gobierno la conveniencia de que los documentos del CESID que le reclaman los jueces sean examinados "in camera" mediante una delegación de tres magistrados, antes de resolver el fondo de los recursos.