Para ello, el Alto Tribunal remitió ayer un oficio al Ejecutivo en el que le pide que le facilite los papeles clasificados con el fin de que los 33 magistrados que componen el pleno de la Sala Tercera efectúen un "examen reservado de los documentos" en la sede del Tribunal Supremo, tal como acordó la sala en su reunión del pasado viernes.

Previsiblemente, el Consejo de Ministros estudiará en su reunión de mañana la petición del Tribunal Suprmo y probablemente acceda a entregarle los documentos de que disponga.

Según las citadas fuentes, durante el pleno del miércoles, los magistrados analizarán, en primer lugar, si existen los originales de los 20 documentos cuya desclasificación solicitaron los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño y el magistrado de San Sebastián Justo Rodríguez para sus investigaciones sobre la guerra sucia contra ETA.

Una vez comprobada su existencia, la sala procederá a determiar si dichos papeles secretos afectan a la seguridad del Estado, argumento dado por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 2 de agosto para denegar su desclasificación.

Las fuentes consultadas señalaron que para realizar dicho examen, es probable que el Gobierno remita a la sala los documentos pocas horas antes del inicio del pleno del miércoles, custodiados por funcionarios.

Agregaron que, una vez concluído su análisis reservado, el Tribunal Supremo los devolverá al Ejecutivo, dado queno procede que los incorpore a la causa puesto que supondría una desclasifiación de hecho ya que podrían acceder a ellos las partes personadas en los recursos.

GARANTIAS

En la resolución por la que acuerda analizar en secreto los documentos, la sala argumenta que el examen de los papeles por los 33 magistrados del pleno ofrece más garantías que si fuesen vistos únicamente por una delegación de tres magistrados, tal como proponía el fiscal.

Explica que ello se debe a que la figura del "examen incámera" no está regulada, por lo que no procede que sean estudiados únicamente por un grupo reducido de magistrados, sino por todos los que integran el pleno con el fin de dar más garantías.

Además, rechaza asímismo que las partes personadas en los recursos, -el recurrente, el fiscal y el abogado del Estado- puedan tener acceso a los documentos, tal como pidió el abogado Iñigo Iruín, que interpuso las impugnaciones, puesto que supondría, también de hecho, levantar el secreto sobre los papeles.

Admás de esta prueba de analizar los documentos en secreto, la sala también ha accedido a otras pruebas propuestas por Iruín, como recabar de la Audiencia Nacional parte de uno de los sumarios sobre los GAL cuyo instructor solicitó la desclasificación de los documentos, pero rechaza, por el contrario, otras pruebas solicitadas por las partes, como recabar documentación a varios diarios y al defensor del Pueblo, según las citadsa fuentes.

Una vez practicadas las pruebas admitidas, para cuya realización l sala dispone hasta el próximo día 14 de plazo, el pleno deberá volver a reunirse para pronunciarse finalmente sobre los recursos presentados y decidir, por tanto, si solicita la desclasificación de los documentos.

En total, son tres los primeros recursos que deberá resolver la Sala Tercera, todos ellos presentados por la vía de urgencia por Iruín, quien ejerce la acusación en los casos Lasa y Zabala, que instruye Gómez de Liaño, Oñaederra, que tramita Garzón, y Urigoitia, que investiga el juez de SanSebastían Justo Rodríguez.

Además, el Alto Tribunal también tiene pendientes de tramitar otros recursos presentados por las acciones populares de los casos Oñaederra y Lasa y Zabala, quienes los interpusieron por la vía ordinaria, por lo que su resolución es más lenta que los anteriores.