Entre las pruebas que la sala deberá decidir si admite, se encuentra la petición hecha por la Fiscalía del Tribunal Supremo para que dichos documentos sean examinados "in camera" mediante una comisión de tres magistrados del tribunal, como paso previo a la resolución del fondo de los recursos.

En las alegaciones que remitió a la sala l pasado mes de noviembre, la Fiscalía reconocía que dicho trámite no está expresamente previsto en la legislación vigente, aunque indicaba que sería la única forma en que la sala podría valorar si los papeles del CESID afectan o no a la seguridad del Estado, argumento empleado por el Consejo de Ministros para no entregarlos a los jueces.

Además, el ministerio público se mostraba favorable a levantar el secreto sobre los documentos al estimar que la seguridad del Estado, alegada por el Consejo de Minitros para negarse a la desclasificación, no puede imponerse cuando se trata de contar con elementos probatorios que los jueces que los reclamaron consideran imprescindibles para dilucidar los "hechos gravísimos" que investigan, como son varios asesinatos, torturas, y secuestros de presuntos etarras.

Por su parte, la abogacía del Estado respaldó en sus alegaciones la decisión del Gobierno de no desclasificar los documentos del CESID al considerar que fue ajustada a Derecho.

Las fuentes consultadasseñalaron que en el caso de que la Sala Tercera admita alguna de las pruebas, dispondrá de un plazo de 20 días para practicarlas, tal como establece la ley, tras lo cual deberá volver a reunirse en pleno para resolver los recursos.

A ambas reuniones asistirán los magistrados Pascual Sala y José María Ruiz-Jarabo después de que la Sala Tercera acordase el pasado 9 de diciembre rechazar las recusaciones presentadas contra ellos por el recurrente, Iñigo Iruín, quien consideró que estaban "contaminados" pr haber formado parte del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que el pasado año estableció que el Ejecutivo era el único competente para clasificar materia reservada.

Los recursos contra la no desclasificación de los documentos del CESID fueron interpuestos por el abogado Iruín, que ejerce la acusación particular en los casos Lasa y Zabala y Lucía Urigoitia, quien consideró que el Consejo de Ministros había vulnerado con su decisión de no alzar el secreto el derecho a la tutela judicial efectiva, cusando indefensión, así como el derecho a la utilización de todos los medios de prueba.

De la decisión final que adopte la Sala Tercera, probablemente en el próximo mes de enero, dependerá la evolución de la instrucción de varias causas relacionadas con los GAL, como el 'caso Lasa y Zabala', que instruye el juez Javier Gómez de Liaño, o el 'caso Oñaederra', que tramita el juez Baltasar Garzón, quienes reclamaron al Gobierno la desclasificación de los documentos.