Entre las pruebas que el tribunal deberá decidir si admite, se encuentra la petición formulada por la Fiscalía del Tribunal Supremo en su escrito de alegaciones, para quedichos documentos sean examinados "in camera" por una comisión de tres magistrados de la sala, como paso previo a la resolución del fondo de los recursos.

Según señaló la Fiscalía, aunque dicho trámite no está recogido expresamente en la legislación vigente, es la única forma en la que la sala puede valorar si los papeles del CESID afectan o no a la seguridad del Estado, argumento empleado por el Consejo de Ministros para rechazar su desclasificación el pasado 2 de agosto.

Además, el ministerio pblico se mostró favorable a levantar el secreto sobre 18 de los 20 documentos que tres jueces, Baltasar Garzón, Javier Gómez de Liaño y Justo Rodríguez, pidieron al ejecutivo.

A juicio de la fiscalía, la seguridad del Estado no puede imponerse cuando se trata de contar con elementos probatorios que los jueces que los reclamaron consideraron imprescindibles para dilucidar los "hechos gravísimos" que investigan, como son secuestros, asesinatos y torturas de presuntos etarras.

En contra del ministero público, la Abogacía del Estado respaldó en sus alegaciones la decisión del Gobierno de no desclasificar los documentos del CESID al considerar que fue ajustada a Derecho.

Según informaron fuentes judiciales a Servimedia, en el caso de que la sala admita alguna de las pruebas, dispondrá de un plazo de 20 días para practicarlas, tal como establece la ley, tras lo cual deberá volver a reunirse en pleno para resolver los recursos.

En total son tres las impugnaciones que deberá resolver la Sala Terera del Alto Tribunal contra la decisión del Consejo de Ministros rechazando la desclasificación de los documentos.

Todas ellas fueron presentadas por el abogado Iñigo Iruín, quien ejerce la acusación particular en el 'caso Lasa y Zabala', cuyo instructor, Gómez de Liaño, reclamó al Gobierno dos papeles. El abogado también está personado en la causa relacionada con la muerte de la etarra Lucía Urigoitia, que investiga el juez de San Sebastián Justo Rodríguez, quien también pidió el levantamiento del screto sobre otro documento.

Recientemente, Iruín también presentó otro tercer recurso contra la negativa del Ejecutivo a entregar al juez Garzón un total de 18 documentos que este magistrado considera necesarios para sus investigaciones.

Todos estos recursos fueron presentados por el procedimiento urgente que permite la ley 62/1978 de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales invocando la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por lo que su tramitación esmás rápida que la de las impugnaciones interpuestas por la vía ordinaria de lo contencioso-administrativo.