En declaraciones a Servimedia, Varela señaló que crear un magistrado "ad hoc", por la vía legal adecuada, para que tenga competencia judicial exclusiva en relación con los servicios de inteligencia, "es algo que entra dentro de las posibilidades".

Según Varela, la habilitación legal para esa figura judicial (que podría encarnar un magistrado o un tribunal) podría hacerse reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial, para añadir esa cometencia a las que ya tiene la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo o el órgano que finalmente la asuma.

De esa manera podrían cohonestarse, a su juicio, las necesidades de los servicios de inteligencia y las exigencias del ordenamiento jurídico para que "no se desjudicialice la intervención del secreto de las comunicaciones".

Recalcó que de lo que se trata es de que la figura del juez "ad hoc" se regule de manera que sea compatible con los artículos 18.3 y 24 de la Constitución. El primero de sos artículos garantiza "el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial", y el segundo establece el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión.

Varela no ocultó que sí tiene un criterio contrario a otra fórmula sobre la que se había especulado para controlar el CESID, la creación de una comisión mixta con representantes políticos y jueces.

Esta solución, explicó, no es encajable con la xigencia constitucional de que el mandamiento para romper el secreto de las comunicaciones corresponda a un juez, ya que "desjudicializaría", aunque fuese parcialmente, el control de las escuchas. Por el contrario, sí encaja perfectamente en la Constitución, precisó, que haya un doble control, por separado, del que se encargaría, por un lado, el juez "ad hoc", y por otro un grupo de parlamentarios, tal y como ha propuesto Aznar.

Concretamente, en su intervención del pasado martes, Aznar dijo, sobre ese particular, que para las actuaciones del CESID "podría establecerse un mecanismo de control mediante la designación de un juez 'ad hoc', sin perjuicio de los instrumentos de fiscalización parlamentarios".