En declaraciones a Radio Voz, Olabarría explicó que "aunque siempre ha habido por parte de los jueces cierta renuencia a aceptar funciones administrativas, entiendo que en este momento, por razones garantistas, sí fuera pertinente que un juez controlara los servicios secretos".

En cuanto a la posibilidad de que surja la división en los partidos del Pacto de Ajuria Enea por la no desclasificación de los papeles del Cesid y la excarcelación del general Enrique Rodríguez Galindo, Olabarría afirmó que "l Pacto se llevan muchas veces cuestiones muy polémicas sobre las que puede existir o no acuerdo. Pero la división ahora puede darse entre grupos o personas que aceptan los requerimientos de la democracia en su sentido más estricto y personas que, para mí, mantienen posiciones que les hacen personas de dudosa identidad democrática".

"Estamos hablando", añadió, "de crímenes de Estado, que es lo que en mayor grado puede deslegitimar a un Estado democrático. Estamos hablando de posiciones comprensivas o xculpatorias hacia quienes han estado ejecutando la guerra sucia, y estas posiciones me producen una gran preocupación de fraccionamiento social entre los partidos democráticos y los que no lo son. Ojalá que nadie se atreva a plantear el asunto en términos exculpatorios o comprensivos".

Olabrría se mostró a favor de la convocatoria de la Mesa para debatir ambos asuntos, aunque no sea de modo inmediato. "El Pacto está establecido para tratar asuntos que afectan a la situación y al fenómeno de la violenia y a la consecución de la paz, y todo lo que está ubicado bajo estos rótulos generales es tratable por los partidos políticos con más representación en Euskadi o en Madrid. Desde esta perspectiva, existe la legitimidad de que los partidos traten estos temas que afectan a los tribunales y que han creado tanta alarma, aunque no sea de modo inmediato".

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El vocal del CGPJ se mostró partidario de la utilización de vídeo cámaras en espacios públicos. "La utilización de cámaras es una técnica adecuda", afirmó; "nos parece que las nuevas técnicas han de incorporarse a la actuación policial y a la instrucción judicial, pero se puede mejorar o concretar el sistema de garantías que pueden hacer que el conflicto entre los derechos a la intimidad y la propia imagen y los derechos al conocimiento de la verdad en los delitos y a la utilización de los espacios públicos se resuelva de forma más aquilatada y más equilibrada".