Este acuerdo es la contestación a la polémica solicitud que formuló a mediados de agosto el juez Javier Gómez de Liaño, encargado del "caso Lasa-Zabala", para que declararan ante él los diputados que tuvieron acceso a los secretos oficiales la pasada legislatura.

El magistrado quiere recabar la opinión de estosparlamentarios por la reunión que tuvieron en octubre de 1995 con el ministro de Defensa Gustavo Suárez Pertierra, en la que les informó de los "papeles" del CESID.

Con su decisión de hoy, que ha tomado como base un informe de los servicios jurídicos del Congreso, la Mesa echa "balones fuera" ante la petición del juez y deja la decisión en manos de cada diputado. Rosa Aguilar, de Izquierda Unida, e Iñaki Anasagasti, del PNV, han anunciado que quieren declarar ante el juez.

El presidente del Congrso, Federico Trillo, dijo en rueda de prensa que si los diputados hubieran conocido en esa comparecencia ante el ministro un hecho delictivo, deberían haberlo puesto en conocimiento del juez inmediatamente, como es obligación de cualquier ciudadano. Trillo explicó que la Mesa no entra a considerar si éste es el caso o no, porque ninguno de sus miembros forma parte de la comisión de secretos oficiales ni asistió a esa comparecencia de Suárez Pertierra.

El dictamen jurídico recuerda que el reglamento de Congreso "no prevé ningún acto de autorización para que un juez o tribunal llame a declarar como testigo a un diputado". Otra cosa distinta, señala el informe, sería que al diputado se le llamara a declarar como imputado en un sumario, para lo que sería preciso la concesión de un suplicatorio por el pleno del Congreso.

El dictamen adjunta dos informes elaborados hace años, en los que los servicios jurídicos tambieron concluyeron que un diputado no necesita autorización para declarar ante el juez comotestigo.

Federico Trillo se felicitó de que la decisión de hoy de la Mesa se haya producido por unanimidad, al tratarse de un tema que ha levantado tanta polvareda.