Según informa el Ejecutivo, este magistrado, que será propuesto por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha de pertenecer a la Sala Segunda de lo Penal o a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal y será el encargado de acordar o no la autorización judicial necesaria en un plazo que ordinariamente será de 72 horas, pudiendo reducise, de forma extraordinaria y por motivos de urgencia debidamente justificados, a 24 horas.

Será el propio director del CNI quien solicite al magistrado competente las autorizaciones que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al centro.

En sus proyectos de ley, el Gobierno ha introducido las recomendaciones del Consejo de Estado, quien a su vez ha "reconducido" algua de las sugerencias del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambas instituciones han avalado no obstante la plena constitucionalidad de los dos textos legales.

La actual regulación del CESID estaba contenida en una pluralidad de disposiciones, ninguna de ellas de rango legal, que han obligado a una adecuación de las estructura y funcionamiento del CNI para lograr una regulación unitaria y sistemática y "con el rango legal apropiado a la luz de la Constitución", según el Gobierno.

Los criterios seguidos para la elaboración de las normas han sido el sometimiento al ordenamiento jurídico, el establecimiento de los controles parlamentario y judicial y la eficacia del funcionamiento de la institución.

MISION PRINCIPAL

La principal misión del Centro Nacional de Inteligencia será la de proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y a estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.

El CNI continuará adscrito al Ministerio de Defensa, al igual que lo estaba el CESID, y sus objetivos serán establecidos en la Directiva de Inteligencia que aprobará anualmente el Gobierno.

Para garantizar la coordinación con los demás servicios de información del Estado se crea la Comisión Delegada del Gobierno para la Inteligencia del Estado, presidida por el vicepresidente primero del Gobierno -actualmente Mariano Rajoy- e integrada por os ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el director del Centro Nacional de Inteligencia, que tiene rango de secretario de Estado.

El proyecto de ley incluye aquellos aspectos de la regulación del Centro Nacional de Inteligencia que, conforme a la Constitución, no están reservados a la Ley Orgánica y es en ésta donde se aborda el control previo de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia