Alonso señaló a Servimedia que cuando en un procedimiento existen indicios serios de que se han cometido delitos que atentan gravemente contra la vida y las libertades, que constituyen los valores fundamentales y la esencia de un Estado democrático de derecho, el secreto oficial no puede amparar en ningún caso tales hechos o servir de obstáculo a la investigación de los mismos.

A su juicio, en cualquier Estado democrático y de derecho, las actuaciones del Gobierno, como las de cualquier otro poder del Estado, deben ser públicas como regla general. Agregó que, por lo tanto, el secreto oficial sólo tiene justificación constitucional cuando se utiliza para defender el orden constitucional y la convivencia democrática.

Tras insistir en la preconstitucionalidad de la actual legislación de secretos oficiales, Alonso afirmó que España necesita una nueva ley sobre dicha materia queresuelva sobre los conflictos del secreto oficialque respecto a la declaración o al uso del secreto oficial puedan surgir entre el Ejecutivo y el Parlamento o el Poder Judicial.

El portavoz de JpD reiteró que hay que regular legalmente lo referente al control político parlamentario de la actividad secreta del Estado y los mecanismos de acceso judicial a ese material secreto.