La moción expone que "ante el conflicto de jurisdicción entre el poder ejecutivo y el judicial, y al margen de los mecanismos previstos para ello en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Parlamento, como poder legislativo y órgano de control del Ejecutivo, puede y debe ejercer un papel fundamental de mediación entre el Ejecutivo y el Judicial que despeje el camino de este último así como que elimine la exitencia de posibles trabas a la actuación judicial, todo ello con la determinación del más escrupuloso respeto a la legalidad en esta materia".

Tras señalar que el Gobierno alude al cumplimiento de la Ley de Secretos Oficiales para no entregar dicha documentación en poder del CESID, "entre la que se encuentra la denominada 'acta fundacional de los GAL', así como otros documentos de relevancia en este sentido", la moción del Grupo Mixto afirma que "sin embargo, la mencionada Ley de Secretos Oficiales atñe a la Seguridad del Estado, y no es éste el caso teniendo en cuenta la materia sobre la que tratan los documentos".

"Además", continúa, "se trata de un caso instruido por el Poder Judicial en el cual la comisión de delitos hace necesaria la acción plena de la justicia para la delimitación de las responsabilidades criminales a que hubiere lugar. Por otra parte, recientes resoluciones del Tribunal Supremo caminan en esta dirección al señalar que "el secreto no puede ser obstáculo para la investigaciónde un tipo delictivo concreto".