"No podemos erigir la defensa de la seguridad nacional en una pre o extrajurídica razón de Estado que -en virtud de una regla no escrita y de oscura fuente- estaría destinada a prevalecer sobre las razones normativas consagradas del Estado constitucional de derecho", dicen los magistrados.

En este sentido, añadenque "si convertimos la intimidad en producto asequible, sin costos ni respuesta jurídica, a las actividades oficiales de los servicios encargados de la seguridad del Estado, estamos colocándonos fuera del marco constitucional que exige, para tener acceso a la intimidad de una persona, la correspondiente autorización judicial".

Según la sentencia hecha pública hoy, "la agresión a la intimidad se produce por la interceptación y captación de las conversaciones telefónicas" y añade que "no es necesario qu el contenido se difunda, divulgue o revele".

De esta forma, el Alto Tribunal confirma las condenas de seis meses de arresto y ocho años de inhabilitación dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid tanto para Emilio Alonso Manglano, ex director del Cesid, como para Juan Alberto Perote.

Para los magistrados, Emilio Alonso Manglano sabía que las escuchas por las que ha sido condenado no eran legales y, sabiéndolo, las llevó a cabo. En cuanto a la alegada obediencia debida por parte de los suborinados del ex director del Cesid, el Supremo considera que ésta "no cabe ante una orden manifiestamente contraria a la Constitución».

El Supremo también ratifica las penas de cuatro meses de arresto y seis años de inhabilitación impuestas a otros cinco miembros del Cesid.