Los portavoces de JpD y Francisco de Vitoria, José Antonio Alonso y María Tardón, respectivamente, así como el presidente de la APM, Rmón Rodríguez Arribas, coincidieron en que una fórmula de arbitraje de este tipo resolvería conflictos entre el poder Ejecutivo y los jueces que piden la desclasificación de dichos documentos para incorporarlos a los casos que instruyen, como ocurre con los papeles del Cesid y la investigación de la guerra sucia contra ETA.

José Antonio Alonso declaró a Servimedia que en España debería crearse una institución similar a la anglosajona "Inspection in Camera", cuyo cometido es realizar un análisis judicil previo que valore hasta qué punto la desclasificación de los documentos secretos solicitados puede afectar a la seguridad nacional y si contienen datos relevantes para el proceso en el que se quieren incluir.

Por su parte, Ramón Rodríguez Arribas manifestó a Servimedia su inclinación por una fórmula de arbitraje aplicada por miembros del poder Ejecutivo y del Judicial, por ejemplo el ministro de Defensa y el presidente de la Sala II del Tribunal Supremo.

Ambos representantes se encargarían de rvisar la información de dichos documentos y su desclasificación, elevando un informe al presidente del Tribunal Supremo para que decidiera al respecto, en caso de que ambos no se pusiesen de acuerdo sobre los mismos. "La resolución final, en cuanto a la investigación criminal, tiene que ser de un órgano judicial", recalcó.

Por otra parte, María Tardón manifestó a Servimedia que con este órgano se evitaría la impunidad de algunas personas del Gobierno "que actúan de una manera no muy correcta".

"Pr encima de todo debe estar el control judicial de las actuaciones de la Administración y el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución", dijo Tardón, quien recordó que la "razón del Estado" no es un derecho fundamental y no es argumento suficiente para negar la desclasificación de documentos secretos necesarios para una investigación judicial.

Tardón explicó que en situaciones en las que dicha "razón de Estado" lesiona los derechos fundamentales consagrados en la Constitució, prevalece la garantía de éstos.