"¿Qué pasaría si se demostrara que los párrafos más significativos de ese documento (acta fundacional) aparecieran en otro documento fechado en julio de 1979?", dijo a la Ser.

Barrionuevo señaló que la desclasficación de los documentos del Cesid aprobada ayer por el Consejo de Ministros ayudarán a demostrar que las acusaciones que se imputan so "falsas e injustas" y a demostrar que las actuaciones del departamento que él dirigió fueron "perfectamente legales, legítimias" y ajustadas al ordenamiento español.

A su juicio, si un "juez normal", que se guíe por criterios de imparcialidad y ecuanimidad, estudiase los documentos ahora desclasificados "los tiraría a la papelera", porque vería que su contenido no puede afectar inculpatoriamente a nadie.

Tras tildar de "bobada" el hecho de que se conozcan los contenidos de dichos papeles, Barriouevo señaló que, a su juicio, "lo grave" es que se ha roto el equilibrio constitucional, ya que una facultad que "en todos los países del mundo democrático, también España" corresponde al Ejecutivo, ha sido asumida por una Sala del Tribunal Supremo, es decir, por el Poder Judicial.