"Evidentemente, que se tenga en cuenta solamente la decisión del Gobierno para no desclasificar ciertos documentos que pueden ayudar a esclarecer hechos verdaderamente espeluznantes no es acertado ni tene explicación en un Estado de Derecho", dijo Tardón a Radio Nacional.

La portavoz de la asociación judicial indicó que no resulta admisible encontrar en la investigación de un hecho criminal límites tan vagos y abstractos como la alusión a la seguridad del Estado.

"Es la propia Constitución", señaló Tardón, "la que nos pone estos límites, y en este caso dichos límites son el respeto a los derechos fundamentales". Por otro lado, apuntó la posible conveniencia de acudir a otras instancias, como e Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.