CESID. ARGOTE DICE QUE LA DECISION DEL GOBIERNO HA ROTO LA MANIOBRA JUDICIAL PARA DEJAR OCULTA LA SIGNIFICACION DE "PTE"

MADRID
SERVIMEDIA

Jorge Argote, abogado entre otros del general Enrique Rodríguez Galindo, implicado en los sumarios que instruyen los jueces que solicitaron al Ejecutivo la desclasificación de los documentos del CESID, valoró hoy muy positivamente la decisión del Consejo de Ministros de alzar íntegramente el secreto sobre los 13 papeles cuya desclasificación parcial acordó recientemente el Tribunal Supremo

En declaraciones a Servimedia, Argote señaló que esa decisión "ha roto la maniobra judicial dirigida a dejar oculta la significación de 'PTE' para crear una apariencia indebida".

El letrado hacía alusión de este modo a la petición del juez Baltasar Garzón de desclasificar una hoja de despacho del 28 de septiembre de 1983 en la que el ex director del CESID Emilio Alonso Manglano escribió "Me lo quedo. Pte. Para el viernes". Según Manglano, esa abreviatura significaba "pendiente" mientras que el cronel Juan Alberto Perote aseguró al magistrado que quería decir para despachar con el "presidente".

En sus sentencias, el Tribunal Supremo advertía que para interpretar dicha abreviatura podía ayudar una parte de otro documento (hoja de despacho del 24 de octubre de 1984) en la que también era utilizada, pero cuya desclasificación no requirió el juez. Por ello, el Alto Tribunal no levantó el secreto sobre esa parte, medida que hoy ha acordado el Ejecutivo.

Para Argote, que el Gobierno haya desclsificado "no la parte acusatoria que pide el juez, que había dejado en el tintero sin pedir la desclasificación partes que aclaraban muchos extremos pero que no convenían a la acusación, sino que el Gobierno haya desclasificado todo desde luego es positivo".

El abogado destacó también que, al desclasificar más de lo acordado por el Supremo, el Consejo de Ministros "actúa dentro de su competencia con una decisión política no administrativa" e insistió en que el Alto Tribunal no debería haber entrado "jmás" a decidir sobre un acto político del Gobierno como es, a su juicio, la desclasificación de los documentos.

Respecto a la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional las sentencias del Supremo indicó que, en principio, la competencia la tienen los que hayan sido partes en ese proceso y añadió que quien tenía que haber presentado el recurso era el abogado del Estado "porque era una decisión del Supremo que se inmiscuía en aquellas parcelas del Gobierno que son de orden político y no admnistrativo y por lo tanto no puede revisar la decisión"

Finalmente, anunció que examinará si existen otros documentos "que aclaren más las situaciones pero que no están ahí, porque sólo han ido sacando los documentos que pueden tener una cierta apariencia que no un contenido inculpatorio".

(SERVIMEDIA)
18 Abr 1997
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