En declaraciones a Servimedia, el presidente de la asociación, Ramón Roríguez Arribas, señaló que dichos diputados son funcionarios públicos y, por lo tanto, están sometidos al secreto profesional de los funcionarios dado que la información de que disponen sobre los documentos del CESID no la han conocido más que por razón de su función.

"En principio, les ampara el poder no declarar sobre ese extremo y a no revelar los secretos que han conocido, igual que un ministro no puede revelar, a petición de un juez, las deliberaciones del Consejo de Ministros", señaló.

Rodrguez Arribas afirmó que otra cosa es que los diputados quieran declarar voluntariamente sobre los documentos del CESID ante el magistrado, respecto a lo que no descartó que pudieran incurrir en delito de revelación de secretos, aunque matizó que dependería de las circunstancias en que hubiera ocurrido.

No obstante, precisó que es el Congreso quien puede decidir, en primer lugar, si los diputados pueden comparecer ante el magistrado "porque si el juez lo que está pidiendo es autorización para citarlos omo testigos a efectos concretos de que le manifiesten lo que vieron, si se pide autorización es porque la autorización se puede conceder o denegar".

Tras destacar que no hay precedentes de una petición de este tipo, insistió en que el Congreso podría vetar la comparecencia de los diputados ante el juez, alegando la misma razón por la que no pudieron asistir los periodistas a la Comisión de Secretos Oficiales.

Finalmente, sobre la procedencia de la petición del juez, dijo que, en términos generaes, la solicitud es procesalmente correcta ya que el hacer cualquier citación para que se declare sobre un hecho es agotar la investigación y puso como ejemplo el caso de los sacerdotes y periodistas a quienes los jueces pueden llamar a declarar a pesar de que pueden acogerse al secreto profesional.