En declaraciones a Servimedia, Angeles López, abogada de la acción popular, indicó que la decisión del Consejo de Ministros impide acceder a pruebas que son importantes para la causa y señaló que el Ejecutivo no puede negar dichas pruebas dado que "nadie está libre del control de la justicia".

"No se pueden dejar franjas ajenas al poder judicial", dijo la letrada, quien afirmó que "no es nada serio" que un gobernante se ampare en su condición para quedrse fuera de la ley.

A su juicio, el acuerdo del Consejo de Ministros de no desclasificar los documentos "es un camino grave" ya que puede desembocar en una desconfianza de la sociedad no sólo hacia los gobernantes sino también hacia la justicia.

Indicó que en un Estado democrático debe existir la división de poderes, por lo que, en su opinión, no puede haber nada que frene la investigación de los jueces.

Respecto a la pretensión del juez Gómez de Liaño de citar a declarar a los diputados dela anterior Comisión de Secretos Oficiales, dijo que no es una decisión insensata ni antijurídica, sino que es la única salida que le queda al magistrado tras la negativa del Gobierno a desclasificar los documentos del CESID.

"Creo que no es lo que hubiera querido el juez, sino disponer de los documentos", afirmó la abogada, quien agregó que, sin embargo, la obligación de la justicia es investigar los hechos hasta el final.

Finalmente, destacó que en el caso de que los diputados testifiquen ante l magistrado, será el tribunal que juzgue el 'caso Lasa y Zabala' el que deberá valorar si dichos testimonios son válidos como pruebas.