En declaraciones a Radio Nacional, Rodríguez Ramos dijo que la decisión judicial hecha pública ayer exculpa de posibles responsabilidades penales a los funcionarios del CESID que grabaron las conversaciones, pero no a quienes las sustrajeron y las facilitaron a los medios de comunicación.

"El juzgad militar se encargará ahora de ver hasta qué punto ha existido sustracción de documentos por parte de un funcionario y revelación de los mismos", agregó.

Sobre la difusión de las conversaciones, el defensor de Manglano dijo que ahora "podría ser considerado delito", después de que un juez haya determinado que la grabación estaba dentro de la legalidad.

Preguntado sobre por qué tuvo tanta repercusión social el conocimiento de que se estaban grabando conversaciones privadas de distintas personas, qe provocaron la dimisión de Serra y García Vargas, Rodríguez Ramos dijo que "estamos en una sociedad mediática y cuestiones que hace años se dilucidaban en los juzgados con absoluta tranquilidad ahora se hace con gran estrépito".

Para el abogado, "lo lógico es que los jueces y los fiscales, ante la alarma social que produce alguno de estos hechos, adopte medidas cautelares e instruya con calma ciertos hechos, y cuando llega a la conclusión de que no hay nada, pues lo dice y da por cerrado el procediminto".

Interrogado sobre si existe la posibilidad de que una instancia superior revoque la sentencia hecha pública ayer, Rodríguez Ramos dijo que "el auto está muy bien fundamentado y se confirmará en su día el archivo de estas actuaciones y el final del procedimiento".

La jueza Ana Mercedes del Molino, titular del Juzgado de Instrucción número 43, hizo pública ayer una sentencia en la que archivaba las querellas presentadas por las escuchas del CESID a políticos, empresarios y periodistas, al coniderar que el servicio de inteligencia militar actuó correctamente y no intentó interceptar ilegalmente conversaciones, sino que todo se hizo de manera aleatoria.

El "caso de las escuchas" saltó a la luz en junio del año pasado, cuando el diario "El Mundo" publicó algunas conversaciones grabadas por el CESID. El caso obligó a dimitir al vicepresidente de Gobierno, Narcís Serra; al ministro de Defensa, Julián García Vargas, y al director del CESID, Emilio Alonso Manglano.