Sin embargo, al menos una de las asociaciones recurrentes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), anuncióhoy a Servimedia su intención se continuar con el procedimiento, dado que el recurso va dirigido contra el nombramiento de Hernández, que consideran ilegal, y no contra la persona.

Angel Calderón, portavoz de la APM, dijo a esta agencia que su asociación no desistirá en su recurso contra el nombramiento de Hernández tras su cese, que calificó que "satisfacción extraprocesal", ya que "no estamos recurriendo a una persona determinada, sino que cuestionamos la legalidad de un nombramiento que sostenemos ue es ilegal".

De este modo, no se suspenderá la reunión del pleno de la Sala Tercera del Alto Tribunal prevista para el próximo 17 de junio, en el que los magistrados van a estudiar la legalidad del nombramiento.

La designación de Hernández como fiscal general del Estado fue recurrida por la APM, la Asociación de Fiscales y la Unión Judicial Independiente, que consideraron que era ilegal ya que no cumplía con el requisito de haber ejercido efectivamente como jurista durante 15 años, tal como recge el Estatuto del Ministerio Fiscal.

En opinión de los recurrentes, no debían ser contabilizados como periodo de ejercico efectivo de la profesión de jurista los 7 años en que Hernández desempeñó el cargo de gobernador civil y delegado del Gobierno en Canarias.