En el pleno celebrado hoy, la vicepresidenta del CES y secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, resumió el dictamen del órgano consultivo y destacó las "númerosas matizaciones" que el Consejo hace al anteproyecto del Gobierno.

Apesar de estas correcciones, el Consejo señala en sus conclusiones que el anteproyecto "constituye un avance importante en el proceso de modernización del sistema español de protección social, contribuyendo a su adaptación a las nuevas realidades sociales".

Fontecha señaló que el texto del CES, aprobado por 42 votos a favor y cinco en contra, considera que es necesario que el Ejecutivo incluya "explicitamente en el anteproyecto el carácter subjetivo" del derecho recogido en el futuro Sistema Nacional de Dependencia (SND).

MAYOR CLARIDAD

En este sentido, apuntó que el dictamen exige "una mayor clarificación de conceptos fundamentales", como el nivel de protección y el de servicios mínimos.

También insta al Gobierno a que incluya en la redacción final del anteproyecto que la financiación del sistema será "estable, suficiente y sostenida en el tiempo", y que se determinará "asegurando la corresponsabilidad de todos los sujetos implicados".

Por esto, el CES ve necesario "mantener el equilibrio entre la cobertura universal de la prestación, la suficiencia de la atención ofrecida y la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo, para garantizar el acceso efectivo al derecho que se crea".

Fontecha también apuntó la necesidad de que "continúe el diálogo social para el desarrollo normativo del anteproyecto", a la vez que el dictamen subraya que "debería solicitarse la opinión del CES sobre los correspondientes proyectos de Real Decreto que desarrollen el anteproyecto".

En relación con las atribuciones que el anteproyecto prevé para el Consejo Territorial del SND, el CES sostiene que este órgano "será competente para determinar la intensidad exigible" al sistema en todo el territorio nacional, por lo que rechaza que sean los convenios con las comunidades autónomas los que determinen este concepto.

También advierte sobre la ausencia de previsión de un órgano similar a la Alta Inspección Sanitaria "que cumpla con la función de garantía y verificación del cumplimiento de las competencias estatales y autonómicas".

Por otro lado, señala que el anteproyecto "debe tener en cuenta que una parte importante de la población en situación de dependencia, en especial las personas de edad avanzada, residen municipios rurales, cuyas peculiaridades socioeconómicas difieren notablemente de los núcleos urbanos".

"POCO NÍTIDO"

Asimismo, el consejo advierte de la existencia de "aspectos poco nítidos" en el anteproyecto en lo concerniente al régimen de infracciones y sanciones.

En este sentido, el órgano establece la necesidad de "separar la parte instructora de las infracciones de la sancionadora", adjudicando a cada una de ellas órganos distintos.

Además, señala que debe tenerse en cuenta que, "en virtud del principio de legalidad", el desarrollo del cuadro de infracciones al que hace referencia el anteproyecto debe producirse mediante ley de las comunidades autónomas correspondientes.

"PARQUEDAD" Por último, el dictamen denuncia la "parquedad" del fundamento constitucional en el que se ampara el anteproyecto y afirma que debe acogerse a un título competencial "claro y sólido" que evite posibles conflictos de competencias con las comunidades autónomas.

Al dictamen se presentaron un total de cinco enmiendas parciales por parte del grupo tercero (economía social y organizaciones de consumidores y usuarios) y una a la totalidad del texto, registrada por los consejeros representantes de los sindicatos ELA y CIG.

La enmienda de las centrales sindicales autonómicas del País Vasco y Galicia suponía rechazar el anteproyecto, al considerar que no garantiza una cobertura universal ni pública y por no respetar las competencias de los Gobiernos autonómicos.

Estos sindicatos afirman en su enmienda, que fue rechazada por 41 votos en contra, 2 abstenciones y 3 a favor, que el texto del Gobierno "no garantiza ningún derecho efectivo" y defienden que "las personas dependientes no notarán ningún cambio al día siguiente de la entrada en vigor de la ley".

Asimismo, denuncian que con el texto del anteproyecto no están cubiertos los menores de tres años ni "la mayoría de las personas inmigrantes", ya que es necesario haber residido en territorio español durante cinco años.