El dictamen, defendido por la consejera en nombre de UGT y secretaria de Igualdad del sindicato, Almudena Fontecha, contó con 40 votos a favor y 3 abstenciones.

En su dictamen, el CES alaba que se establezca una ley que contribuya a grantizar al colectivo de personas con discapacidad la disposición de medios económicos mediante la regulación de un patrimonio protegido vinculado a la necesidades vitales de estas personas.

No obstante, la institución que preside Jaime Montalvo considera que para los discapacitados que no puedan constituir un patrimonio protegido, los poderes públicos "deberían establecer a la vez un sistema de protección social reforzado que atienda igualmente de forma satisfactoria sus necesidades".

Según explcó la consejera de UGT Almudena Fontecha, en la memoria económica se apunta que el coste de esta ley será de apenas 37,5 millones de euros.

El CES cree que el anteproyecto debería considerar que en casos de familias con dos o más hijos discapacitados, se permitiera constituir un solo patrimonio protegido común e indiviso para ellos.

Para esta institución, si el discapacitado tiene capacidad de obrar, debería tener libertad para decidir si se constituye en su nombre un patrimonio protegido.

Aimismo, el CES cree que se debería establecer un "límite máximo" al montante del patrimonio protegido fiscalmente, con el fin de que no se beneficien de las deducciones fiscales patrimonios que "vayan más allá de lo necesario para cubrir adecuadamente las necesidades de las personas con discapacidad".