Esta petición y esta alerta están recogidas en las conclusiones del informe sobre la pobreza y la exclusión social en España elaborado por el CES y que presentó hoy en Madrid el consejero de ese organismo Ignasi Faura.

Faura destacó que el 19,4% de los hogares españoles viven e condiciones de pobreza o exclusión, lo que supone una población de ocho millones de personas.

El consejero Faura recordó que en 1996 el CES ya elaboró un informe de estas características donde también se pidió al Gobierno que elaborará una Ley de Inserción Social. Además, lamentó que recientemente el Congreso rechazara una propuesta sobre esta cuestión.

Según dijo, el empleo es la principal llave de acceso hacia la integración social y a esto puede contribuir el recién aprobado Plan para la Inclsión Social, pero, añadió, es urgente superar la actual falta de un marco regulador de las empresas de inserción social.

Faura consideró importante regular por ley la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social como los ex reclusos, drogodependientes y minorías étnicas, entre otros.

FRACASO ESCOLAR

Este consejero del CES también alertó sobre el fracaso escolar en España, que afecta a una media del 20% de los estudiantes de la ESO. Además, subrayó que el 50% de los excluídos soiales son analfabetos.

Por ello, Faura consideró necesario impulsar medidas que incrementen el nivel educativo de la población, a través de la potenciación de la formación profesional, la educación de adultos y los programas de Garantía Social.

Otras conclusiones recogidas en el informe del CES son la necesidad de realizar una encuesta de ámbito estatal sobre la situación y características de la pobreza y la exclusión social en España y la necesidad de que el Gobierno y las comunidades autónomas oordinen acciones de prevención de la pobreza.

Asimismo, el documento del CES destaca la necesidad de abordar políticas de viviendas destinadas a los colectivos marginados, de ofrecer atención sociosanitaria a los enfermos mentales y de destinar al menos el 0,3% del PIB a la política de lucha contra la exclusión social.

Finalmente, Faura instó al Gobierno a homogeneizar la renta mínima de inserción social, debido a las diferencias de cuantía de esta prestación que existe en las comunidades autónoas.